Administración electrónica

La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce y garantiza el derecho del ciudadano a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Por otra parte pretende impulsar el uso de los servicios electrónicos en la Administración creando las condiciones necesarias, y de manera indirecta ejercer con ello un efecto arrastre sobre la sociedad de la información en general.

Es, por tanto, una ley que busca el facilitar la comunicación de los ciudadanos con la administración, poniendo en manos de las personas instrumentos tecnológicos ampliamente extendidos en otros ámbitos.

Pero la administración electrónica no sólo sirve para facilitar las relaciones administración-ciudadanos. La implantación de servicios electrónicos requiere una revisión y, en gran medida, una simplificación de los procedimientos para adaptarlos a la nueva realidad, lo que redunda en una reducción de tiempos de gestión y de tramitación, lo que a su vez, revierte en ahorro de costes y en una agilización de la resolución de los asuntos.

Si a este ahorro en tiempo de los funcionarios y de los ciudadanos al eliminar burocracia superflua, añadimos otros ahorros como el gato en papel y en almacenamiento de cartapacios, tenemos que la implantación masiva de la administración electrónica no sólo es un obligación legal, sino que es muy aconsejable.